La guerra de los permisos para las topadoras

Acción de Greenpeace en la finca Cuchuy, Salta, el 10 de enero de 2018. Foto: Greenpeace Argentina

Greenpeace respondió la intimación de Jaime Braun Peña y ratificó la denuncia por los desmontes. Luego de que el primo segundo del jefe de Gabinete enviara una carta documento a Greenpeace por publicar “innumerables falacias” sobre la deforestación en Cuchuy, la organización reiteró que el avance sobre los bosques es ilegal.

por Juan Funes

Greenpeace le contestó a Alejandro Jaime Braun Peña -primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña-, quien el lunes había mandado una carta documento a la organización ambientalista en la que los acusaba de haber publicado “innumerables falacias” contra su persona que afectaban a su imagen y a la de su familia, por la campaña contra el desmonte ilegal en la finca salteña Cuchuy. Esa región está protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), pero su categoría fue modificada por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey a pedido del empresario, para deforestar y plantar soja. Greenpeace rechazó la carta documento “por falsa e improcedente”. Voceros de la organización aseguraron a PáginaI12 que van a continuar con la campaña ya que “la protesta es un derecho establecido por la Constitución” y debido a que “por más que haya conseguido permiso para desmontar por parte del gobierno provincial, sigue siendo un delito a nivel nacional”.

En la carta documento, Braun Peña manifestó que la intimación a Greenpeace se debe a las “innumerables falacias que han venido publicando últimamente contra mi persona en distintos medios, y toda vez que ello causa irreparables daños y perjuicios contra mi imagen y mi persona. Dichos perjuicios se extienden a facetas no sólo comerciales sino también familiares y personales”. Luego indicó que exhortaba a la organización a que “en el plazo único y perentorio de 48 horas de recibida la presente rectifiquen dichas mendaces publicaciones, bajo apercibimiento de promover de inmediato las acciones judiciales, ya sean civiles, comerciales y/o penales, que correspondan”.

El empresario argumentó que “en la finca Cuchuy se están llevando a cabo determinadas obras que fueron previamente autorizadas y aprobadas en el año 2014 por el gobierno de la Provincia de Salta, mediante los correspondientes expedientes administrativos”. Además, insistió en que había deforestado “en el marco y al resguardo de las normativas municipales, provinciales y nacionales, por lo que los reiterados ataques que Greenpeace realiza contra mi propiedad y mi persona carecen de sentido”.

La organización ecologista rechazó la carta documento por considerar los argumentos esgrimidos por el empresario como “falsos e improcedentes”. Los ambientalistas sostienen que el cambio de zonificación que habilitó el gobierno de Urtubey es ilegítimo, debido a que el OTBN había clasificado a la Finca Cuchuy en categorías en las que se prohíbe desmontar. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que “el permiso que tiene la empresa para deforestar es ilegal; fue autorizado por el gobierno provincial, pero sigue siendo un delito a nivel nacional”. En Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas, de las cuales quedan sin deforestar unas 3000. Entre diciembre y lo que va de enero, las topadoras arrasaron con unas 400 hectáreas, según estima la organización.

“En lugar de detener las topadoras que están destruyendo los bosques, Braun Peña nos amenaza con acciones judiciales. No nos vamos a callar. Seguiremos denunciando y exponiendo a todos los que atentan contra la vida de las comunidades indígenas y de los bosques protegidos”, aseguró Giardini. “Así como en su momento hubo una decisión política por parte del gobierno de Salta de autorizar estos desmontes en donde la ley nacional no lo permite, también debe haber una decisión política ahora de cancelar estos permisos otorgados ilegalmente”, agregó.

El activista destacó también la responsabilidad de la Secretaría Ambiental de la Nación, que “podría ordenar anular todos estos procedimientos de Salta, por el impacto ambiental enorme que significan que terminen deforestando estas 32 fincas (las autorizadas para ser deforestadas por el gobierno salteño, que suman una superficie de 144.984 hectáreas de bosques protegidos), no sólo desde el punto de vista de los bosques sino también de sus históricos habitantes como las comunidades campesinas indígenas que van a sufrir en forma directa el desmonte”. Actualmente dentro la finca Cuchuy viven las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José y Chaguaral, que son en total unas 17 familias.

Giardini recordó que la denuncia a Braun Peña y a otros empresarios vinculados al desmonte en Salta por parte de Greenpeace “no es nueva, empezó hace mucho tiempo”. “Es importante destacar que en el año 2012 la Universidad Nacional de Salta denunció que los empresarios de la zona estaban apretando a las comunidades indígenas para que firmaran papeles, para conseguir el ‘aval’ de las comunidades para el desmonte. Las mismas comunidades mandaron muchas cartas al gobierno de Salta en las que pedían que paren la deforestación en las fincas, inclusive en Cuchuy, desde que empezaron a desmontar”, advirtió. El activista afirmó luego que “sólo alguien que se cree impune como este empresario, y con tantos vínculos con el poder político, puede creer que porque nos manda una carta documento amenazándonos con un juicio nos va a callar. Nosotros vamos a seguir con la campaña con más fuerza aún, hasta que paren las topadoras”.

Autorizar lo prohibido

Desmontes permitidos por decretos a medida.

La estancia Cuchuy, ubicada en el departamento salteño de San Martín, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en las Categorías I–Rojo y II–Amarillo, lo cual implica que está prohibido desmontar. El OTBN forma parte de la Ley de Bosques, promulgada el 19 de diciembre de 2007. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, explicó que el gobierno de Juan Manuel Urtubey “permitió mediante los decretos 2211/10 y 3136/11 realizar en forma sistemática recategorizaciones prediales a la zonificación del OTBN, a pedido de los titulares de distintas fincas”, y “de esta forma el gobierno provincial autorizó desmontes de bosques nativos en los que estaba prohibida la deforestación”. “Esto ocurrió en 32 fincas, que suman un total de 144.984 hectáreas protegidas”, detalló. En el caso de Cuchuy, se recategorizaron 8.962 hectáreas protegidas, de las cuales quedan unas 3.000 intactas.

“Desde el 2012 y durante dos años, Greenpeace y un conjunto de agrupaciones ecologistas, sociales, campesinas e indígenas, y varias personas del sector académico, presionamos para que se derogaran estos decretos, ese mecanismo de violación de la Ley de Bosques. De la campaña participaron más de 100 organizaciones sociales y expertos. En ese contexto se logró que la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación se manifestaran en contra de los decretos, con distintos documentos que denunciaban la ilegalidad de este procedimiento en Salta”, recordó Giardini. Producto de esas denuncias, a fines de 2014 el gobierno provincial derogó los decretos que permitían la recategorización.

Según el activista, con esta medida el gobierno salteño “reconoció que antes no se estaba cumpliendo con la normativa nacional”. Pero para Giardini el principal problema a partir de entonces fue que “más allá de que se derogaron los decretos y no se siguió recategorizando bosques, el gobierno de Urtubey no tomó la decisión de retrotraer lo autorizado; no hubo una decisión política de cancelar lo ilegalmente autorizado. Una parte importante de estas fincas ya fue deforestada”. Cuando se derogaron los decretos el desmonte en la finca Cuchuy se detuvo, pero entre noviembre y lo que va de enero se reactivó el trabajo y se desmontaron unas 400 hectáreas de bosques protegidos, según calculó Greenpeace.

Por este motivo, el activista afirmó que “los desmontes en Cuchuy siguen siendo ilegales. Al igual que en las otras 31 fincas, su desmonte fue ‘legalizado’ bajo una resolución que a las claras es inconstitucional; en términos de rango jurídico está por debajo de lo que dice una ley nacional. Ningún decreto provincial puede ir por encima de la Ley Nacional de Bosques”.

Fuentes:

Juan Funes, La guerra de los permisos para las topadoras, 18/01/18, Página/12.

Juan Funes, Autorizar lo prohibido, 18/01/18, Página/12.